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Los sindicatos entre los que está UGT exigen la inmediata dimensión del Subdirector General de Servicios Penitenciarios Enrique Caracuel González

Los sindicatos entre los que está UGT exigen la inmediata dimensión del Subdirector General de Servicios Penitenciarios Enrique Caracuel González Destacado

CCOO, CSIF y UGT en IIPP exigen la inmediata dimisión del Subdirector General de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel González, por la adjudicación del contrato para el servicio de vigilancia y seguridad de los Servicios Centrales de la S.G. de II.PP. y del Centro de Estudios Penitenciarios a la empresa MARSEGUR S.A, ya que los sindicatos firmantes pusieron en su conocimiento, con carácter previo a la adjudicación de dicho contrato, las irregularidades que afectan a dicha empresa, investigada por Hacienda, Seguridad Social y varios jueces, y por el incumplimiento de la normas de responsabilidad social inherentes a toda contratación pública que se ha traducido en un menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras subrogadas por la nueva empresa adjudicataria.

La contratación administrativa es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Se debe evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores.

Los objetivos de las Administraciones en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no sólo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios públicos y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. La oferta más adecuada no tiene por qué identificarse con la de precio más bajo.

En los dos últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para adaptarse tanto a la situación de crisis económica como para cumplir con las exigencias del Derecho europeo, especialmente tras la aprobación de una nueva Directiva sobre contratación Pública —Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014— que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación (sociales, medioambientales, o de innovación) prioritarios también en aras de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020, en la que la contratación pública desempeña un papel clave.

También la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas —Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva sostenible e integradora— aprobada el 24 de octubre de 2014, incorpora elementos en relación a la contratación pública responsable, haciendo especial hincapié en que «las Administraciones, en tanto que son organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad».

Por tanto, es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos sea de calidad, estratégica, sostenible y socialmente responsable, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el elemento que determine la elección de la empresa que acceda a la prestación de un servicio. De este modo podrá evitarse, como ha pasado en este caso, que la Administración Penitenciaria ahorre costes con la contratación de una empresa que perjudica gravemente los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras.

Todo lo expuesto ha sido obviado flagrantemente en la adjudicación del contrato para el servicio de vigilancia y seguridad de los Servicios Centrales de la S.G. de II.PP. y del Centro de Estudios Penitenciarios, a pesar de que la parte social en escrito previo a la mesa de contratación ya trasladaba su preocupación por la posible adjudicación de este servicio a la empresa MARSEGUR S.A y por la exclusión de cláusulas sociales entre los criterios de adjudicación del contrato.

El presupuesto base neto de licitación era 302.980,17 euros, y MARSEGUR lo ganó con una licitación de 254.600,59 euros, lo que supone una bajada sobre el coste estimado del contrato en el mercado de más de un 15%.

La empresa subrogó a los trabajadores porque era su obligación legal y les está aplicando un convenio propio, anulado por el TSJM posteriormente, que les supone una reducción injustificada en su nómina de más de un 40%.

Por todo ello, por no haber incluido cláusulas sociales en el contrato, por haber hecho caso omiso a la parte social que ya adelantaba las irregularidades de dicha empresa y por haber permitido que se menoscaben los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras subrogados como es su obligación por cuestión de responsabilidad social, exigimos la inmediata dimisión del Subdirector General de Servicios Penitenciarios Enrique Caracuel González.

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manos ugtLa Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT es una organización sindical, independiente y autónoma con más de 25 años de existencia, nace de la unión de varios sindicatos históricos de UGT en el ámbito de los Servicios Públicos, que se estructura bajo el principio de la solidaridad de todos sus integrantes.

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